Imagen con fines ilustrativos
La Sala Constitucional de Costa Rica emitió una resolución contundente contra las municipalidades de Montes de Oca y San José, exigiéndoles atender de forma definitiva la problemática de inundaciones que afecta a vecinos del barrio Dent, en el sector este de la capital.
El fallo da un plazo de 12 meses para que ambas administraciones locales desarrollen e implementen una solución estructural que mitigue los desbordamientos de la quebrada Los Negritos, cuyas crecidas constantes han generado daños recurrentes a viviendas y comercios de la zona.
Una problemática histórica sin atención efectiva
Años de denuncias por parte de los vecinos
Los vecinos del barrio Dent han vivido durante años con el temor de que cada lluvia intensa convierta sus calles y hogares en ríos improvisados. Las crecientes de la quebrada Los Negritos no solo afectan la infraestructura local, sino que también ponen en riesgo la salud pública y la seguridad vial.
El fallo de la Sala IV responde a una acción de amparo presentada por residentes, cansados de la inacción institucional pese a múltiples solicitudes y reportes.
Respuesta institucional: reacciones tras la sentencia
Alcalde de Montes de Oca asegura que ya existen propuestas en marcha
En declaraciones recientes, el alcalde de Montes de Oca, Marcel Soler, aseguró que su municipio ya venía analizando alternativas técnicas desde antes de recibir la resolución judicial. Según explicó, el gobierno local ha trabajado junto a su equipo técnico en dos posibles soluciones para controlar el flujo de aguas en la quebrada.
Aunque no detalló públicamente cuáles son estas opciones, sí prometió que se dará prioridad al plan más viable y sostenible en términos técnicos, sociales y ambientales.
Por parte de la Municipalidad de San José, aún no se ha emitido un comunicado oficial, aunque se espera una respuesta en los próximos días sobre los planes de cumplimiento del fallo.
¿Qué implica la resolución de la Sala IV?
Un precedente legal y social sobre la responsabilidad municipal
El dictamen de la Sala Constitucional no solo obliga a las municipalidades a resolver un problema específico, sino que también establece un precedente clave sobre la responsabilidad de los gobiernos locales en materia de gestión del riesgo y obras de infraestructura urbana.
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